El gobierno provisional lucense que dirige el municipio entre la investidura de López Orozco como alcalde y la formalización del pacto PSOE-BNG tomó ayer sus últimas decisiones como junta local. Una de esas decisiones fue el «cesamento do director xeral de Policía e Seguridade», el abogado Darío Diéguez, que tuvo una muy polémica actuación al frente de la Policía Local. Diéguez deja sus responsabilidades con dos imputaciones judiciales a su espalda, una de ellas por el caso de la presunta anulación de multas en el citado cuerpo de seguridad.

En el acuerdo municipal se indica que «o 13 de xuño ditouse un decreto polo que a área de goberno de Alcaldía asumiu todas as competencias, materias e servizos relativos á Policía Local». Como jefe superior de los agentes, el alcalde propuso, y así fue aceptado, «o cese do actual titular da Dirección Xeral da Policía Local e de Seguridade do Concello de Lugo para o que fora nomeado pola xunta de goberno local o 26 de xullo de 2007».
Atrás queda un enfrentamiento como no se había visto en la última década entre un cargo de confianza del gobierno local y un sector del personal municipal, un amplio colectivo de la Policía Local. Diéguez llegó a requerir los servicios de un detective privado para seguir a agentes de cuyas bajas por enfermedad sospechaba.

fuente www.lavozdegalicia.es